Los países latinoamericanos están preparados para acordar la primera convención legalmente vinculante del mundo para proteger a los defensores del medio ambiente en una conferencia en Costa Rica.
Los defensores del medio ambiente y los indígenas fueron asesinados en cifras récord en el continente el año pasado, con más de dos protectores de la naturaleza asesinados cada semana.
Ahora, después de dos años de negociaciones, fuentes diplomáticas y de la ONU dicen que es muy probable que un tratado de democracia ambiental que les ofrece protección legal sea acordado en la cumbre que finaliza el 4 de marzo.
Constance Nalegach, la principal negociadora de Chile en la reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, dijo que un pacto legal era ahora “el resultado más probable y [también] una ganancia política”.
“Un instrumento jurídicamente vinculante es el acuerdo más útil para garantizar los derechos humanos”, dijo a The Guardian. “A pesar de que no es la solución completa, es un paso importante para detener y reducir los conflictos socioambientales en la región, incluidos los ataques contra los defensores del medio ambiente”.
Se espera que varios países firmen la convención, pero no entrará en vigor hasta que haya sido formalmente ratificada por ocho de los estados miembros de la comisión.
La aplicación tendrá lugar a nivel nacional, con un mecanismo de revisión de la comisión que supervisa el progreso de los estados hacia las normas de derechos humanos.
En todo el mundo, 197 activistas de la tierra, indígenas y guardaparques fueron asesinados en 2017, se estima que el 60% de ellos en América del Sur.
La minería, las concesiones agrícolas y los proyectos de infraestructura tuvieron un alto costo para los protectores de la naturaleza, con paramilitares que a menudo actuaban con impunidad en nombre de intereses creados en áreas remotas.
Las negociaciones del tratado comenzaron en 2016 y siempre tuvieron la intención de presentar un texto legal del tipo que ahora se acordó y respaldaron, según funcionarios de la ONU, en la mayoría de los países.
El tratado obligaría a los signatarios a tomar “medidas adecuadas y efectivas” para proteger y promover los derechos de los defensores del medio ambiente a la vida y a la libre circulación, expresión y reunión.”
Los Estados también se verán impulsados a tomar medidas “apropiadas, oportunas y efectivas” para prevenir amenazas o ataques contra los defensores del medio ambiente, y para investigarlos y castigarlos después de que hayan ocurrido.
Aun así, los diplomáticos dijeron que “al menos dos países” todavía se oponían a un pacto legalmente vinculante. Uno de ellos, México, ha apostado por una declaración declaratoria más débil sobre la justicia ambiental que los diplomáticos dicen que no creará “la necesaria presión de las partes” para una aplicación fuerte.
Colombia y Brasil, los dos países más mortíferos del mundo para los protectores del medioambiente, también han mantenido en secreto su decisión.
Con información de The Guardian
