TIJUANA, Baja California.- El gobernador Jaime Bonilla aclaró que el contrato con la empresa auditora Fisamex fue una herencia de la administración pasada y se dio bajo la firma del exfuncionario de la Comisión Estatal Servicios Públicos de Tijuana, Luis Alfonso Torres Torres, hermano del político Carlos Torres Torres, que a su vez es esposo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Lo anterior salió a relucir tras las declaraciones realizadas por el presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval, quien aseguró en una entrevista a un medio local que la auditora no fue contratada conforme a la ley y el trabajo que han efectuado durante la administración de Jaime Bonilla lo realizó el propio personal de la Cespt, por lo que la figura de Fisamex es solo una fachada.
“¿Y quién lo firmó? Nada más y nada menos que el ahora cuñado de la futura gobernadora. Nada más que quede claro que cuando hablen de que van a cancelar un contrato, pues hay que ver de dónde se originó y con quién. Yo creo que era muy buena opción, lo malo es que lo usaron nada más para dictaminar, beneficio personal y no que entrara el dinero al erario, esa es la diferencia. Por eso es que están en contra de la municipalización aunque estén de acuerdo durante la campaña y siempre dijeron que era la manera de hacerlo y de repente dijeron ‘no’ y ‘¿cómo vamos a acomodar a mi cuñis?”, expreso Bonilla.
El mandatario estatal aseguró que el contrato con la empresa auditora durante la administración panista fue por el 25 por ciento del monto total recuperado de las cuentas vencidas asignadas. Al momento de revisar el acuerdo, lograron bajar el porcentaje.
“Nosotros heredamos el contrato, que quede claro, la diferencia es que nosotros cuando hablamos con ellos nos dimos cuenta de que fue pura pantalla porque usaron a Fisamex para que dictaminara, no cobraban lo que Fisamex decía que debía, entonces negociaban tras bambalinas. Si debían 20 millones, entonces aquí está el dictamen mitad mi tía”, comentó.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, explicó que el contrato con la empresa Fisamex fue conforme a la ley por lo que dijo no entender las aseveraciones del presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval, respecto al desempeño de la empresa.
La funcionaria estatal incluso dijo que la empresa hoy en día recibe el pago por sus servicios, todo lo contrario a la administración anterior.
“Nos sentamos en una mesa porque ellos nos pensaban demandar, pensar exigir lo que el contrato estipulaba y sobre todo el incumplimiento. Vimos cómo nosotros pudimos lograr un cambio distinto, que se volviera a renovar el contrato sin ninguna sanción para el estado”, informó Espinoza.
Pero antes de culminar con la aclaración al presidente de Coparmex Mexicali, el gobernador Bonilla acusó públicamente al empresario de robarse el agua.
De acuerdo a lo dictaminado por Fisamex el “usuario OCTAVIO SANDOVAL LOPEZ ha hecho uso de su toma de agua de manera irregular, la facturación de la cuenta en los años de inicio oscilaba dentro de los 1,500 m3 anuales, sin embargo, después de una serie de reportes en los cuales se comentó que el medidor instalado en el predio (cabe señalar es un domicilio particular) estaba averiado, la facturación de la cuenta se redujo hasta en un 90 por ciento”.
Con información de: Carolina Vázquez
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