CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- En agosto de 2014, el Congreso mexicano aprobó la creación de nueve leyes y la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos, electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían beneficios económicos y empleos a las comunidades indígenas donde se asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.
Ejemplo de esta realidad es Oaxaca, donde las mujeres son violentadas, difamadas y amenazadas por organizarse para defender sus tierras ante la expansión de 21 parques eólicos asentados principalmente en la zona indígena del Istmo de Tehuantepec, donde la mayor parte de la tierra es propiedad comunal.
Esta información se presentó ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien del 16 al 24 de enero está en el país para documentar la situación que viven los activistas mexicanos.
Amenazas empresariales
Tras la reforma enérgica aumentó la represión contra indígenas que no quieren ceder, vender o rentar sus tierras, afirmó en entrevista con apro-cimac, la integrante del Área de Justicia Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Elena Villafuerte, quien compaña a activistas oaxaqueñas.
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38%) fueron contra activistas que defienden la tierra-territorio.
A partir de 2014 –cuando entraron en vigor las leyes secundarias de la reforma energética–, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, documentó 172 agresiones a personas defensoras, cifra superior a la registrada en 2012 cuando se contabilizaron 48 casos.
Los datos de esta agrupación indican que los ataques a defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales se incrementaron entre 2013 y 2015. Mientras que en el primer año representaron 20% del total de casos, en 2014 ascendieron a 24% y en 2015 ocuparon 27%.
Villafuerte agregó que las personas que defienden la tierra- territorio, además de ser agredidas o desprotegidas por el Estado, enfrentan la violencia de las empresas transnacionales que se han convertido en perpetradores de abuso hacia comunidades y activistas.
Las empresas, dijo la activista, tienen un papel tan preponderante en el despojo de las tierras que implementan tácticas “de captura corporativa del Estado” para que las instituciones de gobierno favorezcan sus intereses, como no intervenir cuando contratan servicios de seguridad privada para hostigar, amenazar o vigilar a sus opositores.
En 2016, ProDESC y otras organizaciones denunciaron esta situación ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que por primera vez visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a derechos humanos por parte de las empresas.
Mujeres en resistencia
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que aunque las mexicanas siembran, cosechan y producen alimentos, hasta 2012 sólo 32% eran propietarias de la tierra.
La incursión de las mujeres en el campo hizo que también se convirtieran en defensoras de su territorio a pesar de los ataques de los que pueden ser víctimas y de la exclusión que viven en sus comunidades donde la tradición dicta que deben “estar en la casa”.
En el municipio de Juchitán, las mujeres de la comunidad agraria de Unión Hidalgo son amenazadas por resistirse a ceder sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que desde 2005 inició la instalación del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca de 65 años de edad, es una de las 47 personas que en 2011 crearon el Comité de Resistencia contra el proyecto eólico Piedra Larga; cuando se dieron cuenta que fueron engañadas para firmar contratos individuales de arrendamiento de sus tierras, cuando ello no se puede porque la tierra es propiedad comunal.
Sin embargo, poco a poco las personas que crearon el Comité se han alejado, algunas por las amenazas y otras porque la empresa dividió a la comunidad diciendo que unas querían más dinero o más beneficios que otras. Actualmente, hay 18 comuneros encabezando esta resistencia.
Ramírez aseguró que hay mujeres que sin tener la tenencia de algún terreno apoyan la causa porque han visto las injusticias que se cometieron con la firma de contratos y la devastación ambiental que provoca un parque eólico, como el derrame de aceite de los aerogeneradores que se instalan para generar energía eólica.
Estar en desacuerdo con la entrega de las hectáreas acarrea intimidaciones. En 2011, Guadalupe Ramírez fue víctima de un asalto que, asegura, estuvo relacionado con su activismo. También recibió amenazas telefónicas. Pese a ello, advierte: “si no decimos nada, si nos quedamos callados, va a ser peor”. Por eso insistirá en la defensa de su comunidad.
A propósito de la gira de trabajo del relator Michel Forst por Oaxaca, este viernes Ramírez y otras defensoras se reunieron con el experto para exponer su situación. Una de las demandas de las activistas oaxaqueñas es que la ONU emita recomendaciones al Estado mexicano para que se mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Aseguraron que este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, debe considerar la situación que viven las defensoras de la tierra- territorio e implementar estrategias específicas para proteger a comunidades y a personas defensoras que residen en territorios en disputa.
También adelantaron que pedirán un pronunciamiento para que las empresas consideren los lineamientos emitidos por la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el comportamiento que las transnacionales deben tener para respetar los derechos humanos de trabajadores y comunidades donde se instalan.
