Los últimos minutos del 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas emitió un mensaje radiofónico: México expropiaba su riqueza petrolera. Esa jornada fue la más digna que haya protagonizado la Presidencia como institución.
Ahora, en un contexto que guarda ciertas similitudes con aquél, aparece el libro “Cárdenas por Cárdenas”, escrito por el hijo del mandatario michoacano, Cuauhtémoc Cárdenas, otro referente de la izquierda nacional. En su obra, el ingeniero y excandidato presidencial va más allá y retoma los orígenes, el contexto y las acciones concretas que permiten entender el gobierno de su padre. Con permiso de la editorial Debate, aquí se reproduce un fragmento de la obra, que ya está en circulación:
En mayo de 1937 habría de iniciarse el proceso que condujo al acto más importante del gobierno de Lázaro Cárdenas y muy importante también entre las acciones reivindicadoras de la Revolución Mexicana: la Expropiación Petrolera.
Entre los antecedentes de este acto deben considerarse, entre otros, que el Plan Sexenal, marco de referencia de las políticas oficiales, señalaba que se haría efectiva la nacionalización del subsuelo, que el Estado intervendría para lograr el equilibrio de las fuerzas económicas de la industria petrolera, estimulando el desarrollo de empresas nacionales y creando un organismo semioficial de apoyo y regulación, y que se modificaría el régimen de concesiones, reduciendo la superficie amparada por cada concesión, negándose aquellas opuestas al interés nacional; y el proceso de unificación de los diferentes sindicatos existentes dentro de la industria petrolera, que culminó hacia principios de 1936 con la creación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el que de inmediato empezó a negociar con las distintas compañías un contrato colectivo de trabajo.
Las negociaciones entre el sindicato y las empresas se rompieron en noviembre del mismo 1936, estimándose, entonces, que la huelga era inminente. A fines de ese mes estalló la huelga.
Los trabajadores demandaban aumentos y prestaciones por un monto de 90 millones de pesos; las compañías ofrecían 14.
El 7 de marzo, a petición del embajador de Estados Unidos, el presidente recibió en Palacio Nacional a los representantes de las compañías petroleras, que en esa ocasión [según recuerda José Domingo Lavín] “aclararon que aunque el dictamen de los peritos y el fallo de la Junta representaban un aumento de 26 millones, en la realidad, y con motivo de otras prestaciones del contrato, la suma podía subir a 40 millones. El presidente manifestó que si las compañías invertían los 26 millones en mejorar la vida de los trabajadores petroleros, podía influir para que el conflicto quedara solucionado; uno de los representantes ingleses preguntó:
–¿Y quién nos garantiza que con la inversión de 26 millones de que hablamos se da solución al conflicto?
–Yo, el presidente de la República –contestó el general Cárdenas.
No obstante lo anterior, los representantes de las empresas manifestaron estar en imposibilidad de cumplir el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Cárdenas, en sus notas personales del 9 de marzo, hace referencia a esta reunión con los representantes de las compañías:
“México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política.”
En los centros políticos y financieros, la generalidad cree, y aun las mismas empresas, que el gobierno podrá llegar, solamente, a dictar la ocupación de las instalaciones industriales.
No puede retardarse mucho la decisión de este serio problema.
18 de marzo de 1938
“En el acuerdo colectivo celebrado hoy a las 20 horas comuniqué al Gabinete que se aplicará la ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras por su actitud rebelde, habiendo sido aprobada la decisión del Ejecutivo federal.
“A las 22 horas di a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante.”
La rebeldía de las compañías petroleras, resistiéndose a acatar el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transformó el conflicto laboral que se presentaba entre las empresas y sus trabajadores, a partir además de que éstos dieron por terminados sus contratos de trabajo, en una confrontación con implicaciones internas e internacionales, entre las compañías petroleras, con fuertes intereses extranjeros, las más importantes, y el Estado mexicano.
Se obedecía al máximo órgano de justicia del país o de aceptarse que no se hiciera así, el Estado quedaría sometido a la voluntad y capricho de las compañías petroleras, más allá del descrédito y la indignidad que eso podía representar.
En el mensaje a la nación, la noche del 18 de marzo, Cárdenas expresó:
“La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o puedan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas”.
Al anunciar al país la expropiación de los bienes de las compañías petroleras a favor de la nación, el decreto de expropiación no se había aún firmado. Faltaba el documento que oficializara la decisión. Antes de transmitir por radio esta decisión, el presidente encomendó a un grupo de sus colaboradores que redactara el decreto.
Al respecto, el licenciado Raúl Castellano, entonces secretario particular del presidente, relató años después:
“Su mensaje lo leyó a las 11 de la noche, sin que todavía a esa hora existiera el decreto expropiatorio. A mí me encargó que en mi despacho presidiera una comisión que en esos momentos integró con el licenciado Eduardo Suárez, don Efraín Buenrostro y don Antonio Villalobos, jefe del Departamento del Trabajo.
“Como asesores teníamos al licenciado Sánchez Cuén y al licenciado Enrique Calderón, que siendo abogado de la Presidencia estaba de mi parte. Apenas comenzó la reunión noté que no había un criterio unificado en cuanto a los términos en que literalmente debía hacerse el decreto ni en cuanto a su alcance, pues mientras Villalobos estimaba que el decreto debía fundarse en las razones expuestas por el presidente en su mensaje, lo cual resultaba impropio porque justamente el mensaje había dado a entender que el decreto ya estaba hecho, el licenciado Suárez opinaba que la expropiación debía reducirse a las instalaciones de las industrias, alegando que las concesiones no podían expropiarse en virtud de que resultaba un contrasentido, toda vez que éstas las otorgaba el Estado.
“Yo señalé que a mi juicio la expropiación debía ser integral y que discrepaba de la respetable opinión del licenciado Suárez, pues reconociendo que las concesiones las otorgaba el Estado, toda concesión equivale a un derecho que equivale a un bien jurídico y, por lo tanto, los derechos son también susceptibles de expropiarse cuando está de por medio el interés público. Añadí que como no podíamos perder más tiempo proponía que los que estuvieran de acuerdo con el licenciado Suárez redactaran un proyecto de decreto y el licenciado Calderón y yo redactaríamos otro de acuerdo a mi punto de vista (un decreto dispone que debe tener un fundamento legal y llenar formalidades, como su publicación en el Diario Oficial. Debe estar firmado tanto por el presidente como por los secretarios de Estado relacionados con la materia. En este caso Hacienda, Economía y Gobernación, el órgano encargado de su publicación).
“Terminamos la redacción a las cuatro de la mañana y subimos al despacho del presidente, donde le expliqué por qué llevábamos dos proyectos de decreto. Los leyó sin expresar ningún signo de beneplácito ni de rechazo y cuando terminó firmó el nuestro, es decir, el mío y el del licenciado Calderón.”
Amalia Solórzano, la esposa del presidente, registra, señalando una fecha y un horario probablemente equivocados, debido seguramente al tiempo transcurrido entre el hecho y su relato, que “la noche del 18 de marzo, entre las once y las doce de la noche, me pidió el General que despertara a Cuauhtémoc y lo bajara a su despacho para tomar una fotografía. Aun medio dormido y recargado sobre el mueble, aparece con su papá, conmigo y algunos de los taquígrafos y ayudantes (Los Pinos, 23 horas).”
El domingo 20, al día siguiente de haberse firmado el decreto expropiatorio, con el país y parte del mundo hecho un avispero, nos dice Amalia que “[ni] siquiera el fin de semana después de la expropiación del petróleo dejó de salir de día de campo. Nos fuimos al Nevado de Toluca. Y ese día no quiso que nadie le hablara nada de política ni de los acontecimientos de la semana. Fuimos en familia, a caminar y descansar”.
Cárdenas, prolijo en otros momentos, parco en escribir ese día, sólo anotó:
“Vamos hoy al volcán ‘Nevado de Toluca’. En carro llegamos a la primera ‘lagunita’.
“Están llegando telegramas de solidaridad de todo el país por el acto expropiatorio de las instalaciones industriales de las empresas petroleras. El país no sufrirá con retirar a las empresas petroleras que venían explotando el petróleo”.
