Un juez federal bloquea el veto a los refugiados que ordenó Trump

Un juez federal de California ha impedido temporalmente que el gobierno de Trump rechace el asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur de los EEUU, lo que representa un duro golpe para la represión del presidente contra la inmigración.

Trump firmó una proclamación el 9 de noviembre declarando que las personas que cruzaron la frontera entre los puertos de entrada oficiales de los Estados Unidos no serían elegibles para el asilo. La medida fue una de las más audaces en la agenda antiinmigrante de la administración, ya que las leyes federales consagran el derecho a solicitar asilo independientemente de cómo una persona ingrese al país. El presidente citó una amenaza a la seguridad nacional en medio de una retórica acentuada en varias caravanas de migrantes que se dirigían a los Estados Unidos.

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Pero en su fallo el lunes por la noche, el juez de distrito Jon Tigar dijo que Trump no tenía autoridad para anular la legislación actual. También dictaminó que el presidente había abusado de su autoridad para emitir regulaciones de emergencia y renunciar a un período de espera de 30 días para considerar los comentarios sobre el cambio de política.

“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dijo Tigar, quien se encuentra en el distrito norte de California y fue nominado en 2012 por el presidente Barack Obama.

El martes por la mañana, la administración respondió de nuevo, prometiendo desafiar la orden de Tigar y calificándola de “absurda” para apoyar a los grupos de derechos civiles que presentaron el caso y que impidieron que “todo el gobierno federal actuara para que los extranjeros ilegales puedan recibir un beneficio gubernamental que no tienen derecho “.

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“Esperamos continuar defendiendo el ejercicio legítimo y razonado del Poder Ejecutivo de su autoridad para enfrentar la crisis en nuestra frontera sur”, dijo el departamento de justicia de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no hizo comentarios inmediatos sobre el fallo, una orden de restricción temporal, que permanecerá en vigencia durante un mes a menos que se revoque. Al emitir la prohibición, Trump usó los mismos poderes que usó el año pasado para imponer una prohibición de viaje que finalmente fue confirmada por el tribunal supremo después de que fue refinada tres veces y bloqueada por numerosos tribunales inferiores.

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Si finalmente se hace cumplir, la prohibición dificultaría que miles de personas eviten la deportación. El DHS estima que 70,000 personas al año solicitan asilo entre los puertos oficiales de entrada, incluyendo un número creciente de familias y menores no acompañados que huyen de la violencia en América Central.