Encarcelan a 24 militares que participaron en la operación Cóndor

Un tribunal italiano ha condenado a 24 personas a cadena perpetua por su participación en la Operación Cóndor, en la que las dictaduras de seis países sudamericanos conspiraron para secuestrar y asesinar a opositores políticos en los territorios de cada uno.

El juicio, el primero de su tipo en Europa, comenzó en 2015 y se centró en la responsabilidad de altos funcionarios de las dictaduras militares de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina por el asesinato y desaparición de 43 personas, incluidos 23 ciudadanos italianos. .

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Los sentenciados el lunes incluyeron a Francisco Morales Bermúdez, quien fue presidente de Perú de 1975 a 1980, Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Pedro Espinoza Bravo, ex subjefe de inteligencia en Chile, y Jorge Néstor Fernández Troccoli, un uruguayo ex oficial de inteligencia naval.

Se desconoce exactamente la cantidad de personas que murieron como resultado de la conspiración, pero los fiscales en América del Sur e Italia proporcionaron pruebas de que al menos 100 activistas de izquierda fueron asesinados en Argentina, incluidos 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos y 13 bolivianos.

Según una base de datos que registra los crímenes de la represión regional coordinada, al menos 496 personas de 11 nacionalidades fueron secuestradas bajo los auspicios de la Operación Cóndor.

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Los documentos desclasificados sugieren que algunas víctimas fueron drogadas, sus estómagos se abrieron y fueron lanzados desde aviones al Océano Atlántico. Los cuerpos de otras víctimas fueron cementados en barriles y arrojados a los ríos.

El veredicto del lunes fue el resultado de años de presión de las familias de los desaparecidos. “Durante décadas, los familiares de las víctimas han estado buscando justicia”, dijo Lessa. “A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, la impunidad dominaba América del Sur, con ex políticos y oficiales militares involucrados en la Operación Cóndor que aún gozaban de inmunidad. Llevarlos ante un juez para que se responsabilice de sus crímenes no fue una tarea simple “.

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Los crímenes tuvieron lugar en los años setenta y ochenta. “Muchos de los perpetradores envejecían y nunca podrían ser procesados”, dijo Jorge Ithurburu, abogado de 24 de marzo, una ONG con sede en Roma. “Cuanto más tiempo pasaba, más testigos de esos atroces crímenes envejecían o morían”.