El líder de Etiopía ha anunciado planes para retirar los cargos contra presos políticos y cerrar un notorio campo de prisioneros, en un movimiento sorpresivo que describió como un esfuerzo por “ampliar el espacio democrático para todos”. Es la primera vez que el gobierno reconoce que tiene prisioneros políticos.
Los comentarios del primer ministro, Hailemariam Desalegn, se produjeron después de que las protestas antigubernamentales envolvieron a la mayoría de las inquietantes regiones de Oromia y Amhara en los últimos meses, lo que detuvo a muchas empresas, universidades y redes de transporte. Las protestas, a veces mortales, las más graves desde que el actual gobierno llegó al poder en 1991, se extendieron a otras partes del país del este de África, lo que llevó a un estado de emergencia de meses que desde entonces se ha levantado.
“Los presos políticos que enfrentan procesamientos y que ya están bajo arresto serán liberados”, dijo Hailemariam. “Y la notoria celda de prisión que tradicionalmente se llamaba Maekelawi se cerrará y se convertirá en un museo”.
No estaba claro de inmediato cuántos prisioneros políticos estaban detenidos en todo el país, un aliado de la seguridad estadounidense cercano.
Los etíopes respondieron rápidamente, incluso con los sitios de redes sociales actualmente bloqueados.
“Te escribo esto luchando con mis lágrimas”, escribió el renombrado bloguero y ex detenido Befeqadu Hailu. “Todas estas promesas deben implementarse de inmediato”.
Los grupos de derechos humanos y grupos de oposición en Etiopía habían pedido la liberación de los presos políticos, diciendo que fueron arrestados por acusaciones falsas y que estaban siendo castigados por sus puntos de vista. El gobierno de Etiopía ha sido acusado durante mucho tiempo de arrestar a periodistas críticos y líderes de la oposición.
Algunos de los políticos prominentes actualmente en custodia incluyen a los líderes de la oposición Bekele Gerba y Merara Gudina. Varios periodistas también permanecen detenidos.
Los meses de protestas que exigían libertades más amplias comenzaron a finales de 2015 y provocaron cientos de muertes y decenas de miles de arrestos mientras se alteraba una de las economías de más rápido crecimiento de África.
“La ofensiva contra la oposición política fue testigo de detenciones masivas arbitrarias, tortura y otros malos tratos, juicios injustos y violaciones de los derechos a la libertad de expresión y asociación”, dijo el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.
Con información de The Guardian
