Un grupo de transportistas, tal y como lo habían anunciado, trastornaron el tráfico vehicular de la ciudad de Tijuana.
Desde temprano, se estacionaron en las vialidades en torno al palacio municipal, supuestamente en protesta por supuestas irregularidades en que se incurrió en el programa de modernización del transporte.
La ciudad, parecía estado de sitio. Fueron colocadas patrullas en puntos estratégicos. Todo mundo imaginó que en cualquier momento empezarían a sancionarlos.
El Alcalde Jorge Astiazarán, ante el anuncio de los transportistas, había advertido que podían manifestarse, pero que no permitiría bloqueos. Que de ser necesario, haría valer la fuerza pública.
No hay reportes que indiquen consecuencias de la acción de los transportistas, los que incluso festejan y amenazan con seguir bloqueando la ciudad. Pero los tijuanenses preguntan : ¿cuántos transportistas fueron sancionados? o ¿cuáles son los montos de las sanciones aplicadas?
El servicio que proporcionan, táxis y autobuses, es público, autorizado y controlado por el gobierno municipal. Para ello requieren de un permiso o concesión, que no es permanente o vitalicio, precisamente.
Permisos o concesiones que están sujetos a un proceso de renovación constante, bajo condiciones de eficiencia y prestación adecuada del servicio.
Nadie entiende, ni se explica, por qué operan como lo hacen los transportistas, o al menos muchos de ellos, que proporcionan un pésimo servicio, en vehículos todos destartalados y caro.
Y todavía, suspenden el servicio a su antojo. Lo peor, lo utilizan como medida de presión, para que la autoridad les permita seguir operando sin control alguno.
Quienes pagan las consecuencias, son los trabajadores o estudiantes, que viven en las colonias de la periferia, que carecen de vehículo propio para trasladarse de un lugar a otro.
Si alguien no sabe lo incómodo que es el servicio de transporte. Un día aborden un táxi o autobús, para realizar sus actividades diarias. Resulta indignante.
Pero la autoridad lo permite. No los frena, ni los sanciona.
Y algo más, los dirigentes de las diversas agrupaciones empresariales, políticas y sociales, fungen como simples espectadores. Como dicen, se la pasan como los chinitos : “milando”.
Toleran este tipo de actitudes, que en la mayoría de los casos, al menos en forma directa, no les afectan, aunque sí de manera indirecta, porque el pésimo servicio de transporte, ocasiona que sus empleados lleguen tarde a sus trabajos, o de malas.
¿Por qué nadie reclama, por la acción absurda de los transportistas? Que al menos digan algo.
Que en el proyecto de modernización del transporte, se ha incurrido en múltiples actos ilegales, dicen.
Pero además de trastornar la economía de la ciudad, ya caótica, no presentan una denuncia formal, respecto a las supuestas irregularidades.
Si no quieren acudir a la Procuraduría de Justicia, que se forme una comisión de investigación, que verifique si efectivamente son ciertos los señalamientos o en su caso, que reclamen a la autoridad la cancelación de permisos y concesiones del transporte público. Ya basta de ser simples espectadores de este desastre. La autoridad no puede ser un simple membrete.
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