Las privatizaciones con Trump podrían implicar un costo muy elevado

El año pasado, el departamento de Justicia decidió empezar a recortar sus relaciones con las prisiones privadas.

La subprocuradora general Sally Q. Yates señaló en un memorando que si bien las prisiones privadas fueron útiles cuando las públicas estaban desbordadas, no tienen mucho sentido ahora que la población carcelaria está reduciéndose. No permiten ahorrar la gran cosa ni tampoco implementan los programas de rehabilitación que han demostrado que reducen la reincidencia.

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Y son particularmente peligrosas. Un reciente reporte del inspector general del departamento encontró que era muy probable que los prisioneros en cárceles privadas, que constituyen un 12 por ciento de los presos federales, tuvieran armas. En las prisiones privadas se han registrado más ataques en contra de los reclusos y de los trabajadores que en las manejadas por la Oficina de Prisiones. Y se han puesto en bloqueo en respuesta a disturbios diez veces más que las públicas.

Pero el 9 de noviembre, un día después de que Donald Trump fuera electo presidente, las acciones de los conglomerados correccionales fueron de las que tuvieron mejor desempeño en la bolsa de valores de Nueva York. Las acciones de Corrections Corporation of America, conocida ahora como CoreCivic, ganaron un impresionante 43 por ciento ese día. ¿Cuál fue la razón? La privatización está de nuevo en los primeros lugares de la agenda del gobierno.

Si bien los ejecutivos de todo el mundo corporativo aplaudieron esto, es muy probable que sea muy alto el costo para el resto de la sociedad.

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“Respecto de las prisiones, yo pienso que podemos hacer muchas privatizaciones y tener prisiones privadas”, afirmó Trump durante su campaña el año pasado. “Parece que funcionan mucho mejor.”

La persona seleccionada por Trump para el cargo de procurador general es el senador Jeff Sessions de Alabama, quien es un tenaz defensor de esa idea. Siendo procurador general de su estado, hace más de veinte años, invitó a las prisiones privadas a instalarse ahí.

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Pero lo más probable es que las privatizaciones no se vayan a limitar a las prisiones. Trump quiere privatizar los servicios médicos proporcionados por el departamento de Veteranos. Quiere privatizar la infraestructura pública, llamando a compañías privadas para que reparen, construyan y administren puentes y caminos, obras hidráulicas y aeropuertos. Está presentando las privatizaciones como una solución segura que va a ofrecer mejores servicios por menos dinero público.

“Entre los empresarios priva el concepto mágico de que hay algo en las ganancias que motiva a que todo funcione mejor”, observa Raymond Fisman, profesor de economía de la Universidad de Boston. “¿Cómo va a ser el gobierno cuando esté manejado por empresarios multimillonarios que ven en el sector privado la solución a todos los problemas del mundo?”

Un creciente cuerpo de investigaciones económicas serias, por no hablar de los montones de evidencias tras años de privatizaciones en todo el mundo, apuntan a que esa creencia es falsa.

Veamos, por ejemplo, lo que la motivación de las ganancias ha hecho por la educación superior. Las universidades y colegios con fines de lucro absorben la cuarta parte de la ayuda federal a la educación superior. No todas son fábricas fraudulentas de diplomas establecidas para ordeñar los dólares de ayuda federal con estudiantes de pocos ingresos. Pero, aún así, en promedio son mucho más costosas que las instituciones públicas, mientras que sus títulos son menos valiosos.

En la industria de la atención médica también encontramos abundantes ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, es menos probable que las residencias de enfermos terminales admitan pacientes con muy poca esperanza de vida, pues resultan menos rentables. Asimismo, se ha encontrado que los hospitales con fines de lucro mienten más a Medicare que los establecimientos sin fines de lucro; por ejemplo, manipulando el diagnóstico para obtener mayores reembolsos. Y se ha encontrado que impulsan sus beneficios a expensas de la seguridad del paciente. Un estudio de la RAND Corp. encontró que los hospitales que pasaron de ser sin fines de lucro a ser un negocio con fines de lucro registraron un agudo incremento en su rentabilidad, pero también un alza en sus índices de mortalidad, de uno a dos años después de su conversión.

Además está el estudio de Bonnie Svarstad y Chester Bond de la Escuela de farmacología de la Universidad de Wisconsin en Madison, de hace más de treinta años. Esa investigación muestra que los pacientes en casas de asistencia con fines de lucro reciben dosis de sedantes mucho más fuertes que los que están en establecimientos sin fines de lucro. Para explicar esta tendencia, el economista Burton Weisbrod señaló que los sedantes eran “menos costosos que, por ejemplo, darle atención especial a pacientes más activos, que necesitan estar ocupados haciendo algo”.

Por supuesto, el gobierno también puede ser muy malo para administrar las cosas, Y las empresas privadas hacen bien muchas cosas. Tienden a ser más rápidas para innovar. En los mercados competidos, la motivación de la ganancia constituye un poderoso incentivo para entregar todo tipo de bienes y servicios, desde dispositivos hasta llamadas telefónicas, con eficiencia y eficacia. Un estudio descubrió que abrir las casas de asistencia a proveedores privados en Suecia de hecho mejoró el índice de mortalidad de los pacientes.

Pero es importante tener en cuenta que la búsqueda de ganancias también puede salir mal, lo que les da a las empresas la motivación de escatimar en calidad para reforzar su margen de ganancias. Cuando un proveedor privado no tiene competencia, o esta es muy poca, o cuando es difícil rastrear debidamente la calidad del servicio –pensemos en el bienestar de los pacientes de una casa de asistencia o en la salud de los reclusos de prisiones– no habrá nada que les impida buscar mayores ganancias a expensas de la sociedad.

“El sector privado es bueno para recortar costos y encontrar la forma de ahorrar dinero”, me dijo Oliver Hart, profesor de economía de Harvard. “Algunas de esas formas son socialmente deseables; otras, no.” La cuestión clave es si puede establecerse un contrato que reduzca lo más posible el margen para que haya tácticas socialmente indeseables.

Negociar el toma y daca no siempre es obvio. Por ejemplo, la privatización del abasto de agua en Buenos Aires permitió reducir la mortalidad infantil a causa de enfermedades infecciosas y parasitarias. Pero también incrementó el costo del consumo de agua, por lo que la impopular concesión del agua a una empresa privada fue cancelada a fin de cuentas.

Da la casualidad de que Hart ganó el premio Nobel el año pasado por sus estudios de precisamente este tipo de contratos: ¿Cuándo es más probable que den resultado? ¿Cómo deben de estructurarse? Las tareas de gran importancia, con muchas facetas –librar la guerra, patrullar las calles de la ciudad– es mejor que queden en manos del sector público, señala. En cambio, el proveedor privado podría hacer un mejor trabajo cuando el resultado deseado es más directo y puede medirse debidamente, como la recolección de basura.

Él no se opone por completo a la privatización. De hecho, señala que determinar si un servicio dado debe de proporcionarse de manera privada o pública no debería de ser una cuestión ideológica. La decisión debe de basarse en “qué modalidad de organización logra la meta social de la mejor manera”.

Por desagracia, advierte, es muy poco probable que el equipo de Trump tome este camino tan razonable. En efecto, uno de los primeros estudios de Hart, elaborado junto con Andrei Shleifer y Robert Vishny hace casi veinte años, señala que si bien cuestiones como la recolección de basura y la producción de armas son bastante adecuadas para ser proporcionadas por el sector privado, el gobierno probablemente haría un mejor trabajo abordando tareas como la política exterior, la policía y las prisiones.

 

Eduardo Porter
© 2017 New York Times News Service