MEXICALI, Baja California.-El gobierno de Marina del Pilar Ávila acusa que el contrato con Next Energy provocará un daño patrimonial de 12 mil millones de pesos, cuando es en realidad el hecho de que no comprar la electricidad a esta compañía es lo que provocará el quebranto pues la están adquiriendo a altos montos.
Con la conferencia de hoy presentaron un panorama distinto al de los hechos reales y los actos jurídicos ya que el gobierno del estado ya está pagando dinero a la empresa pues Next Energy recibe el pago vía participaciones federales, y lo ha recibido en enero y febrero del 22 por 140 millones de pesos.
Si el anuncio hubiese sido realmente sustentado, habrían estado presentes personajes como la gobernadora Ávila Olmeda, los titulares de la Función Pública y de la Fiscalía entre otros.
La postura es que la actual administración no observa avances ni hay beneficios para los fronterizos, al exponer que se gastaría 12 mil millones, lo que se busca es cancelar el proyecto, para controlar riesgos financieros.
“Si el estado opta por cancelación unilateral del proyecto por eso hemos tratado de ser muy cuidadosos en la manera en que vamos abordar la eventual cancelación del proyecto para no tomar riesgos que impliquen que jurídicamente tengamos que pagar esos 12 mil millones de pesos”, detalló consejero jurídico Juan José Pon Méndez
Por lo que instaron a utilizar un mecanismo de suspensión por medio de un tribunal que les confirmó que la Secretaria de Hacienda así como la Tesoreria de la Federación que no procederá el pago en tanto este vigente la suspensión.
Sin embargo, el proyecto de la planta fotovoltaica es una idea que desarrollo de la administración pasada del ex gobernador el ing. Jaime Bonilla, la cual suministraría energía al Acueducto Río Colorado -Tijuana, el cual es administrado por la Comisión Estatal del Agua.
La empresa Next Energy comenzó la construcción en la carretera Mexicali-San Felipe de la planta fotovoltaica que sería la más grande del país, y de Latinoamérica.
La central eléctrica a través de paneles solares, se construiría en una superficie de 550 hectáreas en el kilómetro 31 de la Carretera Federal 5 en Mexicali, su capacidad de generación será de 2 mil 546 mw diarios y el suministro se distribuirá entre acueducto, dependencias centrales y entidades paraestatales.
Alrededor de 2 millones 500 mil habitantes se la Zona Costa tendrían garantizado el suministro de agua.
La falta de soberanía energética propicia que lleguen empresas a generar la energía, pero esa producción se vende a Estados Unidos y no se queda en la entidad.
Es el gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila la que está a la negativa de contratar la electricidad, que debe suministrar la planta fotovoltaica, es en realidad un daño patrimonial y que le costaría casi 2 mil millones de pesos anualmente, a Baja California que compra la electricidad más cara.
Sin embargo, la postura de Juan José Pon Méndez es no proceder con el proyecto, y argumentó que la empresa es la que no se ha acercado.
“La empresa va a enfrentar serios riesgos financieros, jurídicos, y reputacionales no vamos a permitir que esto se ejecute afectando las finanzas y el desarrollo del estado de algunos ex funcionarios públicos involucrados”.
Hasta el momento no dieron nombres de los implicados, porque se está en un proceso de investigación.
Con información de Johanna Mejía
