TIJUANA, Baja California.- “Yo quiero pedir justicia para mi hijo, porque mi hijo era un hombre de bien, no tomaba, no fumaba, era dedicado a su trabajo y a su familia” quien reclama justicia es de la periodista Eglantina Esquivel, madre del fotoperiodista asesinado Margarito Martínez, el pasado 17 de enero y cuyo caso pareciera a quedado en limbo.
La mujer tomo el micrófono durante la firma del convenio de coordinación y cooperación entre el estado de Baja California y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que encabezo el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y la Gobernadora Marina del Pilar Ávila para dejar ver que a su hijo no le otorgaron la protección cuando la necesitaba, pero si han protegido a personas que se dicen ser parte del gremio, tal es el caso del bloguero Mariano Soto.
Al reclamó se unió la periodista Ana Lilia Ramírez quien aseguro que la consejera del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas Federal, Aracely Domínguez, ha hecho caso omiso a las peticiones
“No es verdad de que dicen que nos protegen, yo puso una demanda por un hombre acosador y la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar lo hubiera hecho hace meses y termina en asi nos tienen expuestos muchos años”, expuso Ana Lilia Ramírez.
Pero no solo no les otorgar la protección, cuando la han tenido se les ha retirado sin previo aviso, indicó el periodista Alberto Elenes, quien además denunció que el gobierno esta coartando la libertad de expresión al cortar la transmisión en vivo de la firma del convenio.
“Tampoco es posible que se este tratando de censurar por parte de la subsecretaria de gobernación en su trasmisión oficial tampoco nos sentimos respaldados por la también periodista Aracely Domínguez hay muchas fallas, no existe el respaldo. Yo fui parte del mecanismo y un dia que fui perseguido llame al agente encargado de mi caso, me dijo que ya no estaba, me pidió que me comunicara y me entere que ya no estaba en el mecanismo”, explicó.
De igual forma, Alberto Elenes, denunció que al Poder Judicial del Estado le hayan ordenado por parte de la Fiscalía General del Estado que las audiencias de imputación de los tres implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado sean sin acceso a la prensa.
“Quiero hacer un reclamo que como es posible que las autoridades no nos estén brindando avances de estos crímenes que nos estemos enterando por autoridades federales y no las locales de los avances de las investigaciones cuando aquí se nos da el acceso a las audiencias, con el dicho de que hay un testigo menor de edad, como periodistas sabemos trabajar ese tipo de información”, aseveró.
Pero no solo al gremio periodístico les han cerrado las puertas al derecho que les corresponde, también a los activistas.
De acuerdo con la licenciada Irma Garrido Ortigosa, asesora en temas de Seguridad, expuso que lejos de ser protegida tras ser secuestra por su labor de activismo, sigue recibiendo amenazas. Incluso indicó que ha tratado de comunicarse directamente con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pero esta no le ha respondido.
“Desde noviembre del año pasado fui amenazada por una funcionaria del sistema penitenciario por ser una defensora de los derechos humanos y humanizando el área que yo atendía. Marina te he pedido cita y sabes que tengo tu teléfono, el de tu esposo, el de tu secretario particular y no he recibido atención”, indicó.
Tras escuchar los reclamos, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, dijo que la intención de la firma del convenio con el gobierno del Estado es precisamente para reformar las leyes que protegen a los periodistas.
“Atendiendo cada una de las intervenciones en el caso de Sonia de Anda del colectivo “Yo si soy Periodista”, no solamente retomo las propuestas para incorporarlas al debate que estamos llevando al debate a la reforma a la ley y crear la nueva ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, les propongo que realicemos un dialogo sobre la reforma a la ley aquí en Baja California”, puntualizó.
El funcionario del Gobierno Federal informó que en la revisión de cada uno de los temas quedara asentado quienes, si pueden solicitar el mecanismo, esto para evitar casos como el del bloguero Mariano Soto quien obtuvo el beneficio del programa a pesar de ser señalado por actos de extorsión.
Con información de: Carolina Vázquez
