LEÓN, Gto. (apro).- Roberto Pesquera Vargas, extesorero municipal en el trienio priista encabezado por la actual diputada federal Bárbara Botello Santibáñez, tiene una orden de aprehensión en su contra por peculado y se encuentra prófugo de la justicia, confirmó el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
Una de las acusaciones que implican al extesorero estriba en la simulación de contratos para la impartición de cursos de verano o de prevención del delito en colonias en el 2014 y 2015, con una empresa apócrifa cuyo representante resultó ser un albañil, y con otro presunto proveedor de Morelia.
A fin de cuentas los cursos fueron impartidos por personal de la propia Secretaría de Seguridad Pública, aunque por ellos supuestamente se pagó a las empresas cerca de 1.3 millones de pesos.
El procurador Zamarripa dijo que se iniciaron las gestiones para que se emita una ficha de Interpol para la búsqueda del exfuncionario leonés, ante la presunción de que pudo haber salido del país.
Pesquera podría encontrarse en Canadá, según una versión obtenida por Apro.
La Procuraduría cuenta con órdenes de aprehensión emitidas por los jueces cuarto y octavo de lo penal de León contra el extesorero y otros tres funcionarios de la administración de Botello Santibáñez por tres denuncias interpuestas ante la PGJE, acusados de operaciones fraudulentas y peculado.
Sin embargo, hay otro paquete de averiguaciones que se encuentran en integración en contra de estos y otros funcionarios, dijo a Apro Zamarripa Aguirre.
Héctor Miranda Pérez, uno de los funcionarios involucrados que fungió como coordinador administrativo de la Dirección de Prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública, ya fue capturado y se encuentra en prisión sujeto a proceso.
En tanto que el exsubdirector de gestión y administración Enrique Dueñas Aguilar y el exdirector de prevención del delito, Gustavo Torres Navarro también figuran en estos asuntos y tienen orden de aprehensión, pero han solicitado amparos de la justicia federal para no ser detenidos.
No obstante, en el caso de Torres Navarro el juez penal determinó declararlo formalmente preso en junio pasado al contar con datos de prueba suficientes, por lo que la Procuraduría espera que finalmente el juez primero de distrito desestime el amparo.
En el caso de Roberto Pesquera Vargas, el extesorero no puede obtener la protección de la justicia federal, debido a que es acusado de un delito grave.
Hace dos días, con amparo en mano, el exdirector de prevención Gustavo Torres Navarro y uno de los presuntos contratistas para los cursos se presentaron a declarar, pero no ofrecieron pruebas a su favor.
Las órdenes de aprehensión derivan de las 10 denuncias interpuestas por el actual gobierno municipal leonés, que encabeza el panista Héctor López Santillana, ante la Procuraduría de Justicia del estado.
Como resultado de una revisión de auditoría al recibir el gobierno, la actual administración informó que se encontró con la contratación de servicios y compras a proveedores por casi 7 millones de pesos sin que se localizara a las empresas, además de que por lo menos la mitad de ese monto resultó ser compras inexistentes, según consignó el portal zonafranca.mx.
