El director del albergue Juventud 2000 consideró que esto puede ayudar a tener mayor atención en estos casos de la franja fronteriza.
TIJUANA, Baja California.- Después de que los exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración, Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez, presentaron su renuncia tras un cateo en su propiedad ubicada en Santa Fe donde elementos de la Fiscalía General de la República localizaron armas de fuego, cartuchos útiles y más de un millón de pesos, el director del albergue Juventud 2000, José María García Lara, lamentó el hecho registrado y consideró que este tiene que ser un precedente para que las autoridades federales estén más atentas con el objetivo de evitar algún acto de corrupción en la frontera.
“Las autoridades deben estar más al pendiente de situaciones tan complejas a las que se enfrenta nuestra comunidad que viene de otras nacionalidades aquí a la frontera, lo cual, ahí está demostrado que hay un problema que tenían que tenerlo visto, o más bien, los que son los responsables tienen que estar al pendiente de sus trabajadores”.
En ese sentido, García Lara indicó que a nivel local no tenían conocimiento de este tipo de hechos realizados por agentes del instituto, pero afirmó que cuentan con información de estas extorsiones en otras partes de la república mexicana.
“Hemos sido muy claros en hablar del abuso que tienen desde la frontera sur hasta la frontera norte, donde parece que se ponen de acuerdo los del INM, en esos retenes tan amplios y tan grandes que existen a nivel nacional, donde pareciera que en unos estados extorsionan a la comunidad y en otros parece que los dejan pasar, es lo que hemos percibido”.
El director del albergue Juventud 2000 indicó que estarán al pendiente de la comunidad migrante para alzar la voz en caso de que alguno de los indocumentados reporte cualquier tipo de extorsión, ya sea por agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno o del Instituto Nacional de Migración.
Con información de Alan Ramírez
