Un juez español levantó la orden de extradición sobre el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro ex miembros del gabinete que huyeron a Bélgica para evitar cargos de rebelión, sedición y uso indebido de fondos públicos.
En una acción sorpresiva cuando comenzó oficialmente la campaña electoral para las elecciones catalanas de este mes, el juez de la Corte Suprema Pablo Llarena retiró las órdenes de arresto europeas para los cinco, pero las órdenes nacionales siguen vigentes, lo que significa que probablemente enfrentarán arresto si optan por regresar a España.
Puigdemont, el presidente catalán, dijo después de la decisión de la Corte Suprema que se quedaría en Bélgica “por el momento”.
Llarena dijo que había sido movido a actuar luego de darse cuenta de una discrepancia entre la ley belga y la española que limitaría los cargos bajo los cuales los catalanes podrían ser extraditados y por lo tanto se les cobrará a su regreso.
Fuentes en Bruselas creen que el abogado de Puigdemont se estaba preparando para argumentar que las definiciones en la ley belga para los crímenes de sedición y rebelión son diferentes a las de los estatutos españoles. La extradición a través de la orden de arresto europea en la mayoría de los casos requiere “doble criminalidad”, lo que significa que los crímenes deben existir en los estatutos de ambos países.
La única acusación en la que los belgas habrían aceptado la extradición se consideró como la más leve de malversación de fondos públicos por la cual el acusado sería multado y se le prohibiría ocupar cargos públicos, pero no encarcelado.
La extradición a España bajo tales condiciones significaría que Puigdemont y los otros cuatro en Bélgica enfrentarían diferentes cargos por parte de los ministros que se quedaron en el país y que actualmente se encuentran bajo custodia preventiva o en libertad bajo fianza. Sus abogados también podrían haber usado una resolución belga para argumentar que se descarten los cargos más graves de sedición y rebelión.
“Como parecía posible que Bélgica pudiera negar parcialmente la orden de detención, esto planteó la posibilidad de limitar los cargos que podrían presentarse contra los fugitivos”, dijo Llarena, al retirar la solicitud de extradición.
Dijo que el crimen fue “perpetrado en concierto por todos aquellos bajo investigación” y, por lo tanto, todos los acusados deben ser tratados como un solo grupo catalán unificado.
Llarena también dijo, algo maliciosamente, que dado que los cinco habían “demostrado su voluntad de regresar a España para asumir el cargo electo”, no había motivo para continuar con su extradición.
Un portavoz de la fiscalía de Bruselas dijo que no podían hacer comentarios.
Con información de The Guardian
