Seis exonerados del “Coahuilazo” exigen indemnización y reinstalación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis exfuncionarios de la anterior administración del gobierno de Coahuila exigieron su reinstalación inmediata y una indemnización, luego que fueron acusados, en 2012, sin prueba alguna por el Gobierno federal de tener relaciones con grupos de la delincuencia organizada.

Las seis víctimas del llamado “Coahuilazo” se presentaron al edificio central de la Procuraduría General de Justicia del estado para hacer valer sus derechos laborales y reparar el daño del cual fueron acusados por “testigos protegidos” de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

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El grupo está conformado por el excoordinador del grupo de Homicidios, Everardo Rosales Saucedo; Sergio Tobías Salas, “El Tobogan”, exjefe de la Unidad Especial Investigación de Seguridad e Investigación; Juan Fermín Medina Torres y Cuauhtémoc Rosales Galindo, agentes de la Policía Investigadora.

Enrique Sánchez Zapata, primer comandante de la Policía Operativa del Estado, y Julio César Ruiz Esquivel, encargado de la guardia de Palacio de Gobierno, de acuerdo con Vanguardia.

Los excolabores de la PGJE y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) coincidieron: “A lo que venimos es entregar un escrito al procurador (Homero Ramos). Solicitamos que nos reinstalen en nuestras funciones, nuestras prestaciones, salarios caídos desde el 15 de febrero de 2012”, dijo Everardo Rosales.

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Adicionalmente, anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra de las autoridades federales que les exigieron firmar documentos incriminatorios en contra de exfuncionarios municipales y estatales de primer nivel, para fincarles delitos que no cometieron a cambio de aceptarlos en programas de “testigos protegidos”, según cita El Diario de Coahuila.