San Diego, California. – Un grupo de senadores demócratas y representantes del Congreso con sede en el condado de San Diego enviaron una carta a varias agencias federales, instándoles a abordar el escurrimiento de aguas residuales en el río Tijuana, que luego desemboca en el Océano Pacífico.
Los senadores Kamala Harris y Dianne Feinstein de California y los representantes Juan Vargas, D-San Diego, Scott Peters, D-San Diego, Susan Davis, D-San Diego y Mike Levin, D-Dana Point, firmaron conjuntamente la carta dirigida a los directores del Departamento de Estado de los EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental, Aduanas y Protección de Fronteras, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la sección de los EE. UU. de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa los cuerpos de agua que atraviesan la frontera entre EE. UU. y México.
“Es fundamental que sus agencias trabajen juntas para desarrollar un plan integral para abordar los problemas de contaminación en curso a lo largo de la frontera en el sur de California”, dice la carta. “Lo instamos a mejorar el monitoreo de la calidad del aire y el agua en los condados del sur de San Diego e Imperial, mitigar agresivamente los impactos de la contaminación del aire y del agua y fomentar actividades que reduzcan las fuentes de contaminación”.
Los funcionarios locales y estatales, así como los activistas ambientales, han denunciado la condición del río Tijuana durante años, lo que a menudo provoca el cierre de playas a lo largo de la costa del condado, particularmente después de fuertes lluvias.
Además de la contaminación constante del río, un colector de aguas residuales en Tijuana se rompió en diciembre pasado, derramando de seis a siete millones de galones de aguas residuales en el río cada día durante aproximadamente una semana. Los legisladores señalaron en la carta que los agentes de la CBP han informado sobre la presencia constante y fuerte de bacterias dañinas como la E. coli cerca de la frontera que a menudo se encuentran en las aguas residuales sin tratar.
El año pasado, la Fundación San Diego Surfrider presentó una demanda contra el IBWC, alegando violaciones reiteradas de la Ley de Agua Limpia y negligencia en la salud y seguridad de los residentes que viven a lo largo de la costa del Condado de San Diego.
Las ciudades de Imperial Beach y Chula Vista y el Puerto de San Diego se han sumado a la demanda de la organización. El fiscal general de la ciudad de San Diego y California, Xavier Becerra, también presentó una demanda similar contra el IBWC el año pasado, que está programado para ir a juicio en abril de 2020.
Con Información de Víctor Duarte Sigala
