Señalan a exdirector de la Cespt como responsable de desfalco millonario

TIJUANA, Baja California.- Tres ex funcionarios de alto nivel de la administración de Francisco Vega están involucrados en la firma de un convenio millonario que causó un quebranto a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), informó la secretaria de la Función Pública, Vicenta Espinoza.

Los señalados de firmar el convenio son el ex director de la paraestatal, Enrique Ruelas López, el subdirector de recursos, Marcos Cortés Bustamante y la subdirectora jurídica, Kathia Verónica Jáuregui.

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“Tenemos aquí ya una situación más delicada, revisando el expediente nos encontramos y que hay que señalar, este convenio que se lleva el expediente desde el 2008, el seguimiento jurídico se pierde en esta administración anterior. La administración anterior firma este convenio con prisas y abandono del expediente el día 28 de octubre del 2019. Estamos hablando de dos días antes solamente que esta administración tomara posesión y fue con esa premura y esa osadía de arreglarse antes de que esta administración entrara”, informó Espinoza.

De acuerdo con la funcionaria, la firma del convenio con la empresa, cuyo nombre fue omitido, es por 100 millones de pesos, cantidad que compromete los recursos de la actual administración.

De igual forma, señaló que los involucrados tendrán que responder por las acciones que tomaron en perjuicio de la paraestatal.

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Señaló que la dependencia a su cargo interpuso una denuncia penal contra un empleado de la Cespt por dañar el medidor de su vivienda para que el cobro del agua fuera menor al del consumo real.

“Encontramos a un empleado de aquí de la Comisión que bajo una situación de una denuncia se presentó una denuncia penal, porque nos hablaron por teléfono de una manera anónima y nos dijeron que un empleado de aquí la Cespt no estaba pagando lo correcto, pero que además estaba cometiendo algunas anomalías en los alrededores. La denuncia era que había escondido el medidor y que lo había maltratado”,  informó.

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La Titular de la Función Pública señaló que el empleado de la Cespt pagó por 10 años la cantidad de 80 pesos por el servicio de agua gracias a que había vandalizado el medidor.

De igual forma informó que este tipo de actos son castigados por la ley y por lo tanto podría pagar una condena de hasta tres años en prisión.

“Fuimos a hacer la inspección y efectivamente el medidor no se encuentra, estaba enterrado y roto, aquí esta, se tuvo que mover tierra, se tuvo que escarbar para encontrar el medidor, pero primero antes de ocultarlo lo quebró”, puntualizó.

 

Con información de: Carolina Vázquez