CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las controversias constitucionales del Senado, la Consejería Jurídica de Los Pinos, las amenazas abiertas y veladas de los funcionarios y de los operadores de Grupo Televisa, el pleno de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revirtió su decisión del 30 de septiembre de 2015 y declaró que la compañía de Emilio Azcárraga Jean es “agente económico preponderante” (AEP) en televisión abierta y tiene también “poder sustancial” en el mercado de la televisión restringida.
La decisión de los siete comisionados tiene, entre sus principales consecuencias, el inicio de un procedimiento para determinar las medidas o reglas para impulsar la competencia en este sector. Entre las medidas más probables están que el consorcio televisivo deje de tener derecho a la gratuidad en el acceso a los canales de otras compañías de la competencia (como TV Azteca, MVS e Imagen Televisión) y acuerde con ellas el pago de una contraprestación, sin afectar el precio final al suscriptor.
Otras medidas posibles serían prohibir el llamado “empaquetamiento” de canales que normalmente ejerce Grupo Televisa a su competencia, así como una regulación de tarifas de publicidad, inexistente hasta ahora en el sector de televisión restringida, según adelantaron especialistas consultados por Proceso e integrantes del IFT.
Junto con esta decisión –que afecta el sector más dinámico en las finanzas de Televisa– confirmada apenas el jueves 2 por el instituto, el lunes 6 los comisionados también determinarán nuevas reglas para el llamado “agente económico preponderante” en telecomunicaciones, es decir, las compañías comandadas por Carlos Slim: América Móvil, Telmex, Teléfonos del Noreste, Radiomóvil Dipsa y Grupo Carso.
Según adelantaron a Proceso fuentes internas del IFT, entre las nuevas medidas podría estar la decisión de ordenar la “separación funcional” de las diferentes subsidiarias del grupo de interés económico encabezado por Slim.
De acuerdo con el especialista Ramiro Tovar Landa, la “separación funcional” no implica la “separación estructural”, sino simplemente la división de funciones entre una y otra subsidiaria.
“Si reunimos los elementos de declaración de poder sustancial de Televisa en el mercado de televisión restringida y la orden de separación funcional de Telmex, ya no existe razón para mantener la prohibición de que Telmex dé servicios de televisión restringida”, advierte Tovar Landa, profesor de economía en el Instituto Tecnológico de México.
Y agrega: “Ya tenemos una recomposición en el sistema de televisión por cable, otra en el sistema de televisión satelital –donde participan sólo dos grandes compañías: Dish y Sky–; la única plataforma que queda por recomponer es la de telefonía fija de Telmex, un híbrido, pues utiliza cable y fibra óptica.
“Televisa hostigó a la autoridad para contrarrestar y atrasar la entrada de Telmex al mercado del triple play. Ahora ya no tiene sentido que se mantenga ese veto”
–¿Entonces va a revivir la guerra entre Telmex y Televisa o veremos su final?
–Se puede ir al final de esta guerra, siempre y cuando el IFT le modifique a Telmex su título de concesión para levantarle el veto. Si Televisa va a litigar la reciente declaratoria de poder sustancial, entonces que también litigue la entrada o no de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Desde el Acuerdo de Convergencia de 2004, Televisa presionó a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la entonces débil Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para prolongar el máximo tiempo posible el ingreso de Telmex al mercado de televisión por cable.
Esta decisión provocó la rivalidad y la guerra declarada a través de desplegados entre el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) contra el monopolio de América Móvil entre 2011 y 2012. También generó una agria disputa en tribunales por la supuesta violación de Telmex a su título de concesión al participar en la facturación de Grupo Dish, de MVS Comunicaciones.
Después de la reforma de telecomunicaciones, el 6 de marzo de 2014, el IFT determinó que América Móvil es agente económico preponderante en el mercado de telecomunicaciones y le ordenó una serie de medidas, a revisarse dos años después.
